El camino recorrido: de una ley emblemática a una corrección inevitable

por Carolina Neumann, gerente general de ASIMPRES

La aprobación del proyecto que modifica la Ley de Plásticos de Un Solo Uso no fue un giro abrupto ni un retroceso ambiental. Fue el resultado de un proceso largo, técnico y transversal, impulsado por la evidencia acumulada durante cuatro años de implementación incompleta y crecientes tensiones regulatorias.

Tras la promulgación de la Ley 21.368 en 2021, comenzaron a evidenciarse problemas prácticos no previstos en su diseño original. La falta de diferenciación entre plásticos convencionales y materiales reciclables o reutilizables —como papel, cartón o madera— generó interpretaciones restrictivas que afectaron directamente a locales comerciales, proveedores y pymes del sector gastronómico, muchos de los cuales ya habían avanzado en soluciones sustentables.

A ello se sumó un factor decisivo: la ausencia prolongada del reglamento, que debía establecer los criterios técnicos para la certificación de plásticos y definir los estándares exigibles. Sin ese instrumento, la ley avanzó en plazos y prohibiciones, pero sin entregar las herramientas necesarias para su cumplimiento efectivo.

En este escenario, distintos actores —industria, gremios, especialistas en economía circular y parlamentarios de diversos sectores— comenzaron a advertir que la norma, tal como estaba redactada, podía terminar desincentivando la innovación ambiental, en lugar de promoverla.

El debate se trasladó entonces al Congreso, donde tomó forma una convicción compartida: no se trataba de derogar la ley ni de debilitar sus objetivos ambientales, sino de corregir una omisión legislativa que estaba generando incertidumbre jurídica y efectos contrarios a su espíritu original.

Ese camino culminó el 9 de diciembre de 2025, cuando la Sala del Senado aprobó por unanimidad —24 votos a favor y ninguno en contra— el proyecto que autoriza expresamente la entrega de productos de un solo uso elaborados con materiales reciclables o reutilizables en recintos comerciales. Al haber sido aprobado en los mismos términos que en la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto fue despachado a ley.

El amplio consenso político alcanzado refleja que la modificación no responde a presiones sectoriales aisladas, sino a la constatación transversal de que una política pública ambiental solo es efectiva si combina ambición, claridad normativa y viabilidad de implementación.

Más que una marcha atrás, lo ocurrido representa una corrección institucional necesaria, que busca alinear la regulación con los principios de la economía circular y evitar que la falta de precisión normativa termine socavando la legitimidad de una de las leyes ambientales más relevantes de la última década.

Gráfico

El camino que llevó a la corrección de la Ley de Plásticos de Un Solo Uso no fue espontáneo ni reactivo. Detrás del proyecto despachado a ley hubo años de trabajo técnico, articulación gremial y diálogo institucional, en los que ASIMPRES, Asociación Gremial de Industriales Gráficos de Chile, tuvo un rol activo y sostenido.

Desde la entrada en vigencia de la ley, el gremio levantó alertas tempranas sobre sus efectos no deseados, particularmente la falta de diferenciación entre plásticos tradicionales y materiales reciclables o reutilizables como papel y cartón. A través de informes técnicos, participación en mesas de trabajo y reuniones con autoridades sectoriales y parlamentarios, ASIMPRES fue construyendo una posición basada en datos, experiencia productiva y una mirada coherente con los principios de la economía circular.

Paralelamente, ASIMPRES desarrolló un trabajo sistemático de posicionamiento en medios y en la discusión pública, visibilizando las falencias de la ley más allá del debate técnico. A través de entrevistas, columnas y vocerías en medios nacionales, el gremio logró instalar una mirada crítica pero propositiva, centrada en una idea clave: Una ley que busca eliminar los plásticos de un solo uso está, en la práctica, prohibiendo también alternativas sustentables como el cartón, el papel o los envases compostables.

En ese proceso, Juan Pablo Andreani, socio de ASIMPRES y representante gremial desde las primeras discusiones de la ley, se consolidó como una de las voces más reconocidas del debate público sobre regulación ambiental y economía circular. Para Andreani, el despacho del proyecto marca el cierre de un ciclo de trabajo persistente:

“Desde el inicio advertimos que la ley tenía un problema de forma y de alcance. Una normativa que buscaba eliminar los plásticos de un solo uso terminó, en la práctica, prohibiendo también materiales sustentables que no eran su objetivo, como el cartón, el papel o los envases compostables. El despacho de este proyecto permite corregir ese error, excluyendo expresamente a estos materiales y devolviendo coherencia a una ley que debe promover la economía circular, no obstaculizarla”.La experiencia deja una lección institucional clara: la combinación de evidencia técnica, vocería pública consistente y diálogo político puede corregir fallas regulatorias sin renunciar a los objetivos ambientales, fortaleciendo tanto la política pública como su legitimidad social.